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El Gobierno vasco y las diputaciones aplicarán un impuesto a los propietarios de pisos vacíos

El Ejecutivo vasco quiere aplicar una tasa municipal a las viviendas vacías para obligar a sus propietarios a que las pongan en arrendamiento.


El Gobierno vasco quiere dinamizar el mercado de alquiler de vivienda y apretar las tuercas a los propietarios de pisos deshabitados. El Ejecutivo de Vitoria lleva varios meses negociando con las diputaciones forales, instituciones con capacidad legislativa en materia fiscal, la aplicación de una tasa municipal.


El objetivo de esta medida es facilitar el acceso a la vivienda, aunque sea en arrendamiento, a las personas con falta de recursos, como los perceptores del ingreso mínimo de inserción social (IMI), el denominado salario social (50.815 pesetas al mes) y los beneficiarios de las ayudas de emergencia social (AES).


Desde el Departamento de Vivienda del Gobierno vasco, dirigido por Patxi Ormazábal, se asegura que no se ha encontrado la fórmula para aplicar la tasa, a pesar de las continuas conversaciones mantenidas con las haciendas forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.


Estas instituciones están de acuerdo en presionar fiscalmente a los propietarios de los pisos deshabitados. Esta política, de aplicarse, podría atentar contra el derecho a la propiedad, según aseguran letrados relacionados con el negocio inmobiliario.


Ormazábal y su equipo han ensayado ya otras fórmulas para buscar una utilidad social a las viviendas vacías. Su propuesta de incentivación a los propietarios para que alquilen sus inmuebles en un precio fijado por el Gobierno vasco ha tenido escaso eco. En esta propuesta, el Ejecutivo financia la mitad del importe del alquiler, y el resto, a cargo del inquilino. Esta iniciativa sólo ha sido secundada por cinco propietarios en todo el País Vasco. La obligatoriedad de retratarse ante Hacienda y el precio ofertado por el Gobierno vasco, normalmente por debajo de mercado, retrae a los dueños de pisos deshabitados.


Estimaciones


Según una estimación del Gobierno vasco, las viviendas libres vacías en Euskadi superan las 100.000, de las cuales 75.000, entre segunda residencia y deshabitada, se encuentran en las tres capitales vascas. La ciudad vasca que concentra mayor número de pisos deshabitados es Bilbao, con 25.500 viviendas, seguida de San Sebastián, con 14.000, y Vitoria, con 5.500.


El Ejecutivo vasco también ha definido una estrategia para los pisos sociales en alquiler. En un plazo corto se aplicará una rebaja en la la exigencia de ingresos para acceder a un piso social en alquiler. Así, los beneficiarios del IMI y el AES podrán acceder a este tipo de viviendas.


En lo que se refiere a vivienda social de nueva construcción, el Gobierno se ha planteado objetivos ambiciosos. En el periodo entre 2000 y 2003 está previsto que se inicie la construcción de 14.000 pisos protegidos, de los cuales 9.200 se destinarán a la venta, y 4.800, a alquiler.


El compromiso es edificar 3.400 viviendas el primer año, 3.500 el segundo y 3.550 entre el tercer y cuatro ejercicio que fija el Plan de Vivienda. Además, espera cerrar la compra de 4.100 viviendas de precio limitado, que pasarán a engrosar el patrimonio público.


El coste presupuestario del Plan del Departamento de Vivienda asciende a 72.000 millones de pesetas, de los que 39.000 millones se ejecutarán en los cuatro años de vigencia, y el resto, hasta el 2026.


Para adquirir una vivienda protegida con ayuda pública se han reducido también los ingresos mínimos necesarios del solicitante. Hasta ahora había que acreditar unos ingresos mínimos anuales de 1,7 millones de pesetas. Cuando el Parlamento de Vitoria apruebe próximamente el nuevo plan, el tope mínimo se reducirá a un millón y medio de pesetas.


Cualquier ciudadano con residencia en el País Vasco podrá acudir a solicitar ayuda económica pública, pero las subvenciones se otorgarán según los ingresos acreditados. Es decir, a mayor renta, menor ayuda.


Los censos consideran principal a una vivienda familiar cuando es utilizada, toda o la mayor parte del año, como residencia habitual de una o más personas. Se considera secundaria cuando es utilizada solamente parte del año, de forma estacional, periódica o esporádica, y no constituye residencia habitual de una o varias personas. Y considera viviendas desocupadas a aquellas que, sin encontrarse en estado ruinoso ni en ninguna de las situaciones anteriormente enunciadas, se encuentran habitualmente deshabitadas.


El estudio La vivienda y el sector de la construcción en España, elaborado para la Caja de Ahorros del Mediterráneo por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, destaca el alto número de viviendas desocupadas en España como uno de los hechos más notables del censo de vivienda. El último censo corresponde al año 1991 (se realiza cada 10 años) y cifra en 2,7 millones el número viviendas vacías. Supone un 15,7% del total de viviendas y es, con gran diferencia, el porcentaje más elevado de los países europeos.


Media comunitaria


Frente a ese 15,7% de pisos desocupados existentes en España, o del 10,5% que se contabilizaron en Portugal, la media comunitaria de pisos vacíos se sitúa en el 5,9%, según datos de Eurostat. La nula presencia de viviendas vacías en Grecia debe tener su origen, según el estudio, en la asignación de éstas al stock de viviendas secundarias.


Volviendo a la situación en España, son las comunidades que concentran mayor número de viviendas las que presentan, en general, los mayores porcentajes de pisos vacíos. Las comunidades autónomas que ofrecían en 1991 tasas de desocupación más elevadas en su parque inmobiliario eran Baleares, Canarias, Galicia, Murcia, Comunidad Valenciana y Andalucía, esta última con valores muy próximos a la media nacional. Madrid, Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura estaban, por el contrario, por debajo de esa media del 15,7%.


La Confederación de Asociaciones de Vecinos del Estado Español ya pidió al anterior Gobierno que incorporara al próximo censo (corresponde realizarlo el año que viene) aspectos que permitan conocer las causas por las que estas viviendas están fuera de uso.


En aquellos casos en que los propietarios no puedan justificar de ningún modo el uso futuro de la vivienda, la confederación propugna la aplicación de una tasa de fiscalidad creciente, proporcional a los años que lleven vacías. El objeto sería presionar la salida de estas viviendas al mercado, preferentemente de alquiler.